IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

in No residentes

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 4 de septiembre de 2014 ha declarado que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en relación con los artículos 63 del TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residente en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español.

Esto es así porque “la normativa de un Estado miembro que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales.”

Se veía venir porque aunque no se lo crean el sistema español, por lo que al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se refiere, establece discriminaciones no ya solo entre residentes y no residentes sino entre los propios residentes por tratarse de un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas sobre el que tienen determinadas competencias normativas en virtud de las cuales pueden aprobar beneficios fiscales que se aplicarán exclusivamente a sus respectivos residentes.

Y se me antojaba previsible porque el sistema chirría de por sí ya que, a titulo meramente enunciativo, (1) nuestro Tribunal Supremo se planteó su constitucionalidad por considerarlo contrario a los artículos 14, 31.1 y 139.1 de nuestra Constitución, (2) porque el propio TJUE se pronunció en 2013 en el mismo sentido que ahora con respecto a la normativa alemana que en el caso de un no residente (su país de residencia era Suiza) que hereda un inmueble situado en Alemania de un causante no residente, tributando por obligación real por la adquisición realizada en dicho país, solo puede aplicar una reducción en la base imponible de 2.000 euros, mientras que si la causante o él mismo hubieran residido en Alemania en el momento del fallecimiento, la reducción aplicable habría sido de 500.000 euros, porque (3) el mismo TJUE se pronunció en 2010 respecto a la normativa belga en el caso de una Asociación religiosa heredera de una persona física por la negativa de dicho Estado a aplicar el tipo reducido del Impuesto sobre Sucesiones por razón del domicilio de las Asociación, … y así un largo etcétera.

Y ahora, ¿qué?

La reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es imprescindible lo que puede hacerse bien mediante la armonización del Impuesto en toda España para lo cual habrá que recortar competencias normativas a las Comunidad Autónomas, bien mediante la modificación de los puntos de conexión a fin de hacer tributar a los no residentes como a los residentes de una determinada Comunidad, posibilidad no vedada por los Tratados Comunitarios al no afectar a la libre circulación de capitales.

Y con las declaraciones ya presentadas, ¿qué hacemos?

Conviene la generalidad de la doctrina especializada en afirmar que podrá solicitarse la rectificación de las autoliquidaciones dentro del plazo de prescripción con la consiguiente devolución de ingresos indebidos o instar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador para las declaraciones prescritas dentro del plazo de un año desde la publicación de la sentencia si se cumplen los requisitos para ello.
Sin embargo, en nuestra opinión no todos los casos son iguales y la posibilidad de éxito de una solicitud de devolución de ingresos indebidos va a depender fundamentalmente de la existencia de un punto de conexión claro. Y me explico con ejemplos: el descendiente no residente de un causante residente en Baleares tributa conforme a la normativa estatal cuando hubiera tributado conforme a la normativa Balear de haber sido residente en cualquier lugar de España. En este caso es fácil deshacer la discriminación y tratar de la misma manera a quienes se encuentran en situaciones idénticas. Sin embargo, en el caso de una herencia entre no residentes de bienes situados en España la cosa se complica y el resultado puede ser incierto puesto que habría que acudir a puntos de conexión no previstos legalmente como pudiera ser la Comunidad Autónoma de situación de los bienes.

En nuestra opinión, todavía habrá que esperar un poco para ver cómo evoluciona la cuestión por lo que al fundamento y resultado de las primeras reclamaciones se refiere. Solamente los casos más evidentes y los que estén a punto de prescribir deberían aventurarse en una reclamación de este tipo.

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